Mónica González Rivera, de 35 años, y Mark Morales Vega, de 21 años, ambos residentes de Arroyo, enfrentan dos cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas tras una investigación realizada por la División de Drogas Narcóticos y Armas Ilegales del área de Guayama.

El 5 de junio de 2024, en el residencial Isidro Cora en Arroyo, se ejecutó una orden de allanamiento que resultó en el arresto de González Rivera y Morales Vega, y la confiscación de sustancias controladas.

La fiscal Jessica Gotay consultó el caso y radicó los cargos, presentando la evidencia ante el juez Ángel Rodríguez, quien encontró causa para arresto y fijó una fianza de 8,000 dólares a cada uno. La fianza fue prestada, permitiendo que ambos quedaran en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 10 de julio de 2024.

La investigación estuvo a cargo de la agente Catalina Morales, adscrita a la División de Drogas Narcóticos y Armas Ilegales del área de Guayama.