Tras referidodel Departamento de Salud, Justicia presentacargoscontra agente por falsificación de pruebas deCOVID-19
El Departamento de Justicia radicó 12 cargos de posesión y traspaso de documentos falsificados contra un agente de la Uniformada que presentó más de una decena de pruebas de laboratorio de COVID-19 falsas, para continuar laborando de manera presencial sin cumplir con el requisito de vacunación establecido debido a la pandemia provocada por el coronavirus.
El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto contra el agente Iván Molina Casiano, a quien le impuso una fianza de 12,000 dólares, que fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio. Este podría enfrentar una pena de reclusión por un término fijo de tres años por cada cargo.
"Agradecemos al Departamento de Salud y al Departamento de Justicia, la diligencia con la que actuaron para procesar este caso, referido por la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía de Puerto Rico, tras identificar un potencial patrón de falsificación de pruebas de COVID 19, por parte de un agente adscrito a esta división”, dijo el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa en declaraciones escritas.
"De ser probado este hecho, tanto sus ahora compañeros como la agencia que representó que es la Policía de Puerto Rico, estamos muy conscientes de que el cumplimiento de las leyes comienza desde la casa. Por eso, no toleramos conductas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo cuando se trata de un agente que juró cumplir con la ley y el orden”, añadió.
La investigación se originó tras un referido de la División de Investigaciones de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud.
El agente, adscrito a la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía en Carolina, determinó no vacunarse contra el COVID-19 por motivos religiosos. Según la Orden Ejecutiva número 2021-058 del 28 de julio de 2021, éste podía continuar trabajando presencialmente siempre y cuando se realizara una prueba de laboratorio de COVID-19 semanalmente.
Durante los meses de agosto de 2021 a febrero del presente año, Molina entregó a su supervisor más de 20 pruebas de COVID-19. De la investigación se desprende que 12 de las pruebas fueron falsificadas.
Por lo cual, la fiscal María Teresa Carro Lahongrais le radicó 12 cargos por violación al Artículo 217 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito la posesión y el traspaso de documentos falsificados.
"El Ministerio Público cuenta con la evidencia para probar más allá de duda razonable la posesión y traspaso de los 12 documentos falsificados”, sostuvo la fiscal, quien lideró la investigación en la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia con el apoyo de la inspectora de la SARAFS, Maruxa Díaz Pagán.
"Un agente o funcionario no solo debe cumplir la ley sino dar ejemplo de honestidad y ética. Estamos seguros de que la mayoría cumplen con este estándar de integridad. El Departamento de Justicia se encargará de aquellos que se desvíen”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. por:CyberNews
