Comunidad de Hormigueros levanta la voz de alarma por asfaltera “ilegal”

La tranquila comunidad de San Romualdo, en Hormigueros, ya no aguanta más. 

Tras años de soportar los tóxicos emanados por una planta de asfalto en sus casas, y de ver cómo sus vecinos se enferman poco a poco, han decidido tomar acción para defender su salud y la del ambiente.

Hace muchos años, casi 40, en el barrio se instaló una planta de concreto.

 Desde hace 15 años se le añadió una asfaltera y un taller para camiones. 

Eso ha agravado los problemas históricos de ruido y contaminación ambiental.

Athalia Collazo y William Nevares son miembros de la vecindad y cofundadores del movimiento que ahora exige el cierre de este conglomerado industrial.

Según los vecinos y activistas, la empresa Transporte Rodríguez Asfalto, la cual compró el negocio hace siete años, no tiene los permisos requeridos por la ley.

Sobre esto indicaron que "llevamos un año recopilando data, y las propias agencias nos certificaron que los permisos no aparecen”. 

En el proceso han contado con la asesoría del arquitecto y exvicepresidente de la Junta de Planificación, Pedro Cardona Roig, o el líder ambientalista Eliezer Molina.

William Nevares apuntó que la empresa "no tiene permisos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) ni de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para controlar la erosión, los polvos fugitivos y las escorrentías hacia la cuenca del río Guanajibo”.

"El Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental exige que si hay una caldera y se está quemando brea, lo mínimo son 1,000 pies lineales de distancia con casas, escuelas, etc. Esto está a 100 pies de algunas viviendas”, denunciaron.

Nevares y Collazo compartieron con Visión que según sus indagaciones la empresa no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Molina, excandidato independiente a la gobernación, confirmó lo señalado por los vecinos: "Hemos visto y analizado los documentos. Han intentado desregular los permisos para favorecer a entes particulares”.

Entre los reclamos de los vecinos organizados se encuentra que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cancele la actividad industrial, incluido el depósito de agregados y el taller de mecánica para camiones.

"Tenemos un caso sólido y vamos a llevar el proceso para revocar los permisos, que pongan multas y cierren la planta”, informaron.INS